¿Cómo reclamar por escrito el pago de unas facturas impagadas?

Negociacion extrajudicial de facturas impagadasLo más importante es reclamarla por escrito, asegurándonos de su correcta recepción mediante su envío por correo certificado, o incluso burofax, si queremos dejar constancia del contenido de la carta. El Ministerior de Justicia pone a disposición del ciudadano una guía práctica sobre el proceso monitorio. Cómo afrontar el impago de facturas. Pues bien, parece claro que en un procedimiento como el que nos ocupa, en el que debe existir necesariamente un informe del despacho de abogados de Málaga, es éste el único informe que puede ser calificado como determinante según la definición de tal concepto manejada por la jurisprudencia ” que el escaso avance de los trabajos hacia presumir (como luego se confirmo) que los trabajos no estarían concluidos antes de que finalizara el plazo previsto en el contrato, por lo que considera conforme a derecho la propuesta de resolución. entre otras muchas.

Tal consulta hubiera tenido carácter facultativo; en cambio la intervención del despacho de abogados en este caso se produce con carácter preceptivo pues es el TRLCSP el que impone a la indicada Consejería la obligatoriedad de la consulta al despacho de abogados cuando pretende resolver un contrato mediando oposición del contratista. En consecuencia el contenido del presente ha de versar exclusivamente sobre la eventual concurrencia de la causa alegada por la Administración autonómica y que se refiere al incumplimiento de obligaciones por parte del contratista. Se espera la próxima aprobación de una normativa al respecto.

Y aunque los motivos allí expresados no fueran, como señala la contratista, admisibles para justificar tal denegación (porque las deudas de la contratista no tienen por qué influir en la capacidad y solvencia de un potencial cesionario del contrato para proseguir con su correcta ejecución), sí es correcta tal decisión, por dos motivos: Por el expresado por la Junta de Gobierno … en el sentido de que la solicitud de autorización de la cesión carecía de un elemento tan esencial en su contenido como era la designación de una concreta empresa cesionaria (y la subsiguiente acreditación de que reunía los requisitos de solvencia y capacidad necesarios para la ejecución del contrato), requisito esencial para otorgar la autorización a la vista de lo establecido en el artículo 209 LCSP [226 TRLCSP].

Contratos, órdenes de pedido, facturas proforma o correos firmados física o electrónicamente por el deudor, facturas, albaranes o certificaciones u otros documentos que acrediten la relación comercial. En este caso concreto, el procedimiento se ha iniciado de oficio, habiendo transcurrido el plazo máximo para dictar la Orden de resolución del expediente, concretamente, el general de tres meses por aplicación del artículo 42.3. considera “Sobre esta cuestión, procede recordar que la falta de pago de las certificaciones correspondientes generaría el derecho del contratista a suspender la ejecución de la obra transcurridos 4 meses previa comunicación (artículo 200.5 de la LCSP) e incluso el derecho a resolver el contrato (cuando la demora hubiera superado los ocho meses, artículo 200.6 de la LCSP).

“A este respecto, la posterior STS, Sala 3ª, de 9 de enero de 2012, [STS_52/2012] se decanta por considerar que el sentido del artículo 59.3, TRLCAP es que la oposición del contratista a la que se alude venga referida a la pretensión de la Administración de resolver el contrato, por lo que, si ésta no existe, no concurrirá la oposición determinante de la preceptividad del del órgano consultivo. Ley vigente: LCAP. Los acuerdos adoptados por la Administración para la ampliación del plazo no cumplen los requisitos exigidos por la Ley.

Tal pretensión es inadmisible por dos razones: La primera, porque no consta suficientemente acreditado en el expediente tal perjuicio, ni el coste del mantenimiento del aval, ni mucho menos, la presunta parte del coste del aseguramiento que correspondería a la ejecución del contrato. Puede también darse la circunstancia de que la ejecución del contrato objeto de desistimiento haya estado previamente suspendida, como ocurre en el presente caso. Analizando esta memoria nos encontramos con que,… [no se encuentra entre los trabajos a realizar el del análisis de salinidad del agua]… Por tanto, si el Ayuntamiento consideraba que la realización de un análisis del agua era una obligación contractual esencial, debería haberlo incluido como tal en la memoria de trabajos a realizar, como así lo requiere el artículo 206.f) de la LCSP [Art.223.f TRLCSP].

Pero antes de acudir a un juicio monitorio, hay un proceso previo que deberías seguir. Si no se presenta la demanda, se finalizan las actuaciones y la parte demandante deberá hacerse cargo de las costas causadas al deudor (honorarios de abogado y procurador, etc.). Cuando un empresario tiene que enfrentarse a una situación de impago, en muchas ocasiones no conoce el procedimiento a seguir. Ello no obsta para que la Administración reclame las cantidades que le adeuda el contratista, empleando para ello la vía de apremio. “ la empresa adjudicataria solicita que además del importe correspondiente al 2% del precio de adjudicación se le indemnice por otros conceptos relativos al importe de los gastos derivados del mantenimiento del aval, anuncio de obra y gastos de desplazamiento y gestión. Los efectos de la resolución del contrato de obra, en cuanto a las indemnizaciones que proceden son diversos según la causa de resolución que concurra.

En el presente supuesto nos encontramos con la causa de resolución prevista en el apartado 2º del citado precepto, Limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado (lo cual supone un reconocimiento del derecho a la dación en pago). Sobre esta cuestión nada pacífica, la Jurisprudencia ha admitido que los contratistas, además del beneficio industrial, puedan reclamar los daños y perjuicios que la resolución contractual les produzca, siempre que acrediten debidamente su existencia y cuantía en aras al cumplimiento del principio de reparación integral de los daños.