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Las caídas por deficiencias en la vía pública

 

 

Declaración de la Renta (1)

 

 

 

Abogado especializado en caidas en la via publicaUna vez acreditada la existencia de una deficiencia en la vía pública, a la Administración le corresponde acreditar que actuó con la diligencia debida. del Código Civil. De otra parte, el ordenamiento obliga a los comercios y establecimientos abiertos al público a la contratación de una póliza de seguros de responsabilidad civil dirigida a la cobertura del resarcimiento de los daños ocasionados a terceros en sus inmediaciones. En cuanto a su extensión, la norma procesal nos impone que acreditada la existencia del perjuicio, la sentencia debe fijar su importe aunque no resultare justificado su monto.

Es importante cumplir estrictamente los plazos y los requisitos, documentos, etc. En el caso objeto del presente dictamen el informe de la Dirección General de Vías y Espacios Públicos expresa que el servicio se prestaba con normalidad y que el día de los hechos no se detectó anomalía alguna. En consecuencia, en los supuestos de daños causados a los usuarios del servicio de carreteras es a la parte reclamante a quien corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinante de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración. En tal tesitura, en primer lugar, critica al sentenciante porque realizando una errónea valoración e interpretación de la prueba y de las normas y principios que regulan el funcionamiento de la responsabilidad civil atribuye a su representada responsabilidad objetiva por ser dueña o guardiana de la cosa, de los bienes públicos.

Cuando tratamos un asunto jurídico urgente, no sólo valoramos la aptitud y la especialización del abogado, sino también la celeridad y el buen desarrollo del proceso. Antijuridicidad del daño Respecto de la antijuridicidad del daño, se ha señalado que como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la imputabilidad de responsabilidad patrimonial de la Administración tiene como título, el deber de mantenimiento y conservación de las vías públicas en adecuado estado para el fin al que sirven, lo que hace que el daño sea antijurídico cuando el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social.

Consideramos, pues, relevante el conjunto de todas esas circunstancias para relacionar parcialmente de manera causal el accidente por caída de la actora con las deficiencias que existían en la acera, discrepando en este punto con la calificación que hace la sentencia de los mismos como leves y bien visibles, en la medida en que nos parecen de importancia suficiente para poder significar un obstáculo efectivo y peligroso en el paso por ese lugar, y, en todo caso y por lo ya dicho, lo suficientemente sorpresivo para la actora, por mucho que esta pudiera vivir en una zona próxima, aún admitiendo, como ya se expresó, que ella no hubiera adoptado todas las medidas de prevención exigibles y mostrase también un comportamiento no debidamente diligente. La inclusión de la resbaladicidad en se produjo con el objetivo de evitar que el espacio pudiera suponer un riesgo para el usuario a raíz de las negativas estadísticas sobre de lesiones en caídas por resbalamientos.

Para ello aconsejamos seguir los siguientes pasos: Por lo expuesto, y en los términos indicados, se estima parcialmente el recurso de apelación presentado, sin especial mención en cuanto al pago de las costas procesales en ninguna de las instancias. La ausencia de elementos probatorios para acreditar el cumplimiento del estándar de calidad exigible en la limpieza y mantenimiento de la vía y su correcta vigilancia por parte del Ayuntamiento unida a la prueba documental aportada por la Policía Municipal del deficiente estado de la calzada y la también deficiente colocación de los muros permite concluir que el Ayuntamiento no ha cumplido suficiente y correctamente con su función de vigilancia y control de la empresa contratista lo que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta más arriba y asumida por este órgano consultivo, determina que la imputación de la responsabilidad recaiga sobre el Ayuntamiento de Málaga.

Requisitos para el ejercicio de la acción. Con carácter previo al análisis pormenorizado de los presupuestos de fondo exigidos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración antes mencionados, debe examinarse la concurrencia de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción indemnizatoria, concretados en las legitimaciones activa y pasiva ligadas a la pretensión planteada por la reclamante y el plazo en que la misma ha sido ejercitada. Por tanto el lugar del accidente cumple con la normativa aplicable en materia de accesibilidad.

Se determina la inexistencia de nexo causal entre los hechos reclamados y el funcionamiento del servicio público, lo que lleva a determinar que se proponga la desestimación de la reclamación”. ¿Dónde presentamos la reclamación? Para realizar la reclamación deberemos presentar antes de seis meses, una instancia o demanda ante el ayuntamiento que tenga la titularidad municipal de la vía, carretera, calle, donde se haya producido la caída.

En la reclamación deberá detallarse lo ocurrido, lugar, fecha y hora, y las causas que lo han ocasionado de haber intervenido policía municipal, convendrá también hacerlo constar y si tenemos número de informe, diligencias o atestado, reseñarlo. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia, que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y 80.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios.

AREA En tal estado de tramitación Por ello y puesto que esa insuficiencia documental no se subsanó a instancias del instructor, este despacho de abogados considera adecuado retrotraer el procedimiento para que se aporte la documentación que pueda acreditar el cumplimiento de esos servicios y lograr así una decisión sobre el fondo de la reclamación con garantías de acierto en orden a determinar si la Administración ha prestado el servicio de acuerdo con los estándares exigibles, que permitirían respaldar la propuesta de resolución exonerándola de la responsabilidad instada”. Obligación de la prueba Cada territorio o municipio tiene su tipología de casos.